Más de 200 empresas deben más de 500 millones de euros en impuestos sobre la renta por acaparamiento de deuda

El Plan de Almacenamiento de Deuda (DWS) ayuda a las empresas que se han visto afectadas durante la pandemia.

Según este plan, las empresas pueden aplazar el pago de algunos impuestos hasta que estén en condiciones de hacer frente a sus deudas.

El calendario para realizar las gestiones necesarias para pagar las deudas pendientes ya había sido ampliado y pospuesto hasta el 1 de mayo de este año.

Si se presentan las declaraciones de impuestos actuales y se pagan otros impuestos a tiempo, la deuda está sujeta a tasas de interés del 3%, mucho más bajas que las tasas de interés del 8% y el 10% que normalmente se aplican a los pagos de impuestos atrasados.

En enero de 2022, el impuesto pagadero a los ingresos bajo el plan alcanzó un máximo de 3.200 millones de euros, según informarán los funcionarios fiscales al organismo de control del gasto público del Dáil el jueves por la mañana.

A finales del año pasado, alrededor de 58.000 contribuyentes se beneficiaban del plan, con 1.756 millones de euros actualmente almacenados.

Casi 40.000, o el 70% de los beneficiarios del plan, tienen deudas de 1.000 euros o menos. Otros 4.000 tienen deudas entre 1.000 y 5.000 euros.

Un cuadro presentado por los funcionarios de Hacienda al Comité de Cuentas Públicas (PAC) muestra que un total de 226 “clientes” deben un total de 570 millones de euros a ingresos gracias al plan de acaparamiento.

“El enfoque de Ingresos para pagar la deuda almacenada a partir del 1 de mayo de 2024 será flexible y se adaptará a cada empresa en función de su capacidad de pago”, dirá Niall Coady, director de Ingresos, a los TD en sus comentarios de apertura.

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«Los ingresos trabajarán con las empresas para que puedan continuar cumpliendo con los pasivos existentes a medida que surjan, asegurar la continuidad de sus negocios en el futuro y reducir los costos de intereses».

En octubre pasado, la Corte Suprema anuló una decisión del Tribunal de Apelaciones que trataba a los repartidores como contratistas independientes.

“El fallo aporta una claridad bienvenida y proporciona un marco de toma de decisiones para ayudar a las empresas a clasificar correctamente a los trabajadores como empleados o autónomos.

«La Hacienda pronto emitirá una guía detallada que explica las implicaciones del fallo a efectos fiscales», dirá Coady a los políticos.

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